segunda-feira, 8 de fevereiro de 2010

a democracia no Chile

[Culver Military Academy
1939. Alfred Eisenstaedt
Life]

Entrevista con Marcos Roitman
Chile: “Se acabó la transición”


Osvaldo León

ALAI AMLATINA, 02/02/2010.-  El próximo 11 de marzo, la presidenta Michelle Bachelet entregará el bastón de mando al multimillonario Sebastián Piñera.  Más allá del protocolo, el acto marcará el cierre del ciclo político de la transición liderada por la Concertación a lo largo de diecinueve años.  “Así acaba un período en el cual nadie se siente defraudado”, sostiene Marcos Roitman, sociólogo chileno y actualmente profesor de la Universidad Complutense de Madrid, en un análisis crítico que desarrolló en diálogo con ALAI, cuyos términos presentamos a continuación.

- ¿Cuál es tu lectura del triunfo presidencial de Sebastián Piñera y las implicaciones en la futura dinámica política chilena?

En primer lugar, con el triunfo de Sebastián Piñera se cierra la transición.  Los acuerdos generados entre la derecha, las fuerzas armadas y los miembros del comando por el No, emergente en 1988, culminan con éxito.  Así acaba un período en el cual nadie se siente defraudado.  Lo acontecido refuerza la constitución política instaurada por el dictador y da alas a la derecha natural para no derogarla en sus artículos más represivos.  En segundo lugar, el discurso oficial es triunfalista.  Consiste en remarcar la excelencia de la democracia chilena.  Es parte del juego y de la tan manida alternancia.  En tercer lugar se da una explicación sobre falsos fundamentos.  Se presenta a los partidos de gobierno como la izquierda real derrotada por la derecha natural.  Pero se olvida que en los partidos de la Concertación viven golpistas, exiliados y sujetos que colaboraron con el orden represivo de la tiranía.  La democracia cristiana, sin ir más lejos.  Los hoy perdedores han jugado un sucio papel, lavarles las manos a los torturadores, dejar libre a los responsables políticos del golpe militar y administrar el orden neoliberal.  En esta lógica, no se puede hablar de una derrota de la izquierda.  Sus representantes éticos, políticos y sociales fueron marginados conscientemente con el fin de evitar una transición democrática.  Me refiero a los movimientos populares, al Partido Comunista, a los restos del MIR, la Izquierda Cristiana e independientes, a los cuales hay que sumar los miles de desencantados provenientes de la concertación en sus primeros años.  Aquellos que abandonaron la coalición de gobierno por falta de compromiso social y económico con las clases trabajadoras, el pueblo mapuche y los sectores mas desprotegidos afectados por las reformas neoliberales.

En estos diecinueve años de gobierno, la deserción se fue generalizando en la coalición de gobierno.  Aunque algunos no lo hicieron precisamente por la izquierda.  El triunfo de Piñera supone la consolidación del golpe militar bajo el paraguas de una constitución espuria y una fórmula electoral poco transparente.  Más de cuatro millones de chilenos no se encuentran inscritos en los registros para votar.  Y no olvidemos que tanto el nuevo presidente como su hermano, José Piñera, Ministro de Trabajo con Pinochet y Frei hijo, pertenecen a la generación de quienes conspiraron para derrocar al gobierno del presidente Salvador Allende.

Por otro lado, pienso que puede haber una recomposición política entre los partidos de la izquierda real y aquella que se define como tal inmersa en la Concertación.  Sin embargo para que suceda debe haber una ruptura interna.  La democracia cristiana no tiene cabida en un proyecto de estas dimensiones.  Su espacio natural está cubierto por Renovación Nacional en la derecha.  Seguramente, este resultado es el fin de la Concertación tal y como se la conoce.  En esta dinámica, tras un mea culpa es posible que el Partido Socialista también se fracture o tome otro rumbo.  Recordemos que el actual se refundó para gobernar y buscar el contrapeso a la Democracia Cristiana.  En él cohabitan sectores del MAPU, Izquierda Cristiana, Movimiento de Izquierda Revolucionaria, Partido Radical, Partido Comunista, independientes y algunos militantes del Partido por la Democracia.  Además, la candidatura de Enríquez Ominami con el 20% de votos, abre la posibilidad a la emergencia de una nueva fuerza política.  Ello, claro está, si logra transformar los votos en organización militante.  Un partido cuyo programa sería reivindicar aquello que la Concertación no hizo y que debería de haber hecho. Creo que no tendría un largo recorrido, aunque a corto plazo una parte de la juventud y sectores medios le darían su apoyo.

Asimismo, la derecha tiene que deshacerse de su pasado pinochetista, cuestión harto difícil sino imposible.  Aún la memoria y la conciencia histórica siguen pesando en la formación del imaginario social chileno.  Pero la democracia cristiana puede ayudar a deshacerse de tales lastres.  Si la derecha confió en la Concertación para administrar su proyecto se debió en gran parte a la presencia de la democracia cristiana.  Tras las elecciones, la derecha pinochetista y no pinochetista retoma el gobierno formal, pero no olvidemos que el poder real nunca le fue esquilmado.

- Se entiende que la mayoría de los cuatro millones que no participaron en el proceso electoral es joven. ¿Se podría hablar de una fractura generacional?

Si bien es cierto que la candidatura de Marco Enríquez Ominami Gumucio contaba con un apoyo más numeroso entre la población joven inscrita para votar, no podemos señalar que ese voto fuera un voto de compromiso con el candidato.  Este no tenía un programa ni un proyecto alternativo de sociedad.  Distintos elementos pueden haber condicionado tal aproximación.  La propia juventud del candidato, la forma de hablar, ser hijo de Miguel Enríquez, un histórico dirigente de la izquierda chilena asesinado por la dictadura y porqué no decirlo sus películas y cortos criticando la acción de los viejos dirigentes de la izquierda chilena.  Aunque esto último es mas bien secundario.  Debemos además, ser concientes del tipo de campaña propio del marketing político.  Su imagen era mucho más atractiva para los jóvenes que para una población cuya edad superase los cincuenta años.  Pero no podemos decir que fuese un candidato antisistema.  Su discurso está dentro del orden y como tal participa de esta lógica.  Puede expresar ese cabreo latente por la política represiva contra el pueblo mapuche, los estudiantes secundarios, la corrupción, el aumento de la desigualdad, la pobreza extrema y la perdida de ideales.  Sí su discurso fuese parte de un proyecto alternativo, hubiese calado en aquellos sectores entre 18 y 30 años, hijos de la concertación que no se inscriben para votar y que forman una no despreciable cifra de mas de un millón y medio de personas.

De modo que no veo una fractura generacional. Pero sí un desgaste en la forma de hacer política, en el sistema electoral y sobre todo en un proceso de despolitización.  Proceso iniciado en los años siguientes a la dictadura y continuado y profundizado por los partidos de la Concertación.  Tampoco creo que Marco Enríquez Ominami Gumucio, tenga un proyecto socialdemócrata enquistado en un capitalismo keynesiano de pleno empleo y distribución de la renta.  Seguramente su máxima aspiración, que no es poca cosa en el Chile actual, sería tal vez poner fin a la impunidad y cuestionar la ley de amnistía.  Aunque no metería mano a la falta de libertad de prensa, el reconocimiento de los derechos de los pueblos originarios, el control sobre las aguas, hoy en manos de las transnacionales y los megaproyectos para la construcción de represas, autopistas, etc.  En fin, no creo que ese 20% que votó por él en la primera vuelta, lo hiciera convencido de un proyecto alternativo, fue más bien un voto de castigo a Frei.  Por ello la democratización del país deberá esperar al menos un lustro.

- Cuando hablas de despolitización, ¿cuál es el sentido y alcance de este fenómeno?

Hablo de la pérdida de la ciudadanía plena y la centralidad de la política a la hora de tomar las decisiones.  La sustitución de la res-publica por el mercado, un espacio competitivo, altamente monopolizado, excluyente y sin posibilidad de crear ciudadanía, auspicia la guerra de todos contra todos.  El mercado crea consumidores, la política ciudadanos con derechos y obligaciones en el proceso de toma de decisiones.  En Chile se destruyó esa ciudadanía.  Eso fue lo mas revolucionario del golpe militar.  En su lugar emergió, aquello que Aristóteles denominó con justa razón, el idiota social.  Una persona que renuncia a su participación en la esfera pública en aras de un individualismo extremo.  Sálvese quien pueda pero yo el primero.  Podríamos decir que la política pierde los valores éticos y las virtudes democráticas del ejercicio del poder.  En su lugar emerge la política como gestión del Estado.  Así, las decisiones se pactan fuera del parlamento.  El voto se hace obligatorio en las bancadas.  La conciencia se aparca con tal de no caerse de las listas de candidatos.  La política se convierte en profesión, en peor sentido weberiano.  Son funcionarios, empleados de la razón de estado.  Burócratas bien disciplinados.  Los acuerdos se alcanzan a espaldas de los propios diputados.  No hay transparencia ni horizontalidad.  En términos actuales, ni empoderamiento ni transversalidad.  Aunque para contestar a la segunda parte de la pregunta, este fenómeno se puede generalizar en la mayoría de los países latinoamericanos y del mundo occidental en el cual se pusieron en práctica las políticas neoliberales.  Las reformas del Estado, con sus procesos de desregulación, privatización, descentralización y cambio en la gestión pública tenían dicho fin.  Se trataba de cambiar las relaciones entre la economía y el sujeto social.  La primera se transformó en una teología fundante del orden social y el ciudadano se difuminó hasta su desaparición política.  En contrapartida tenemos un sistema donde el social-conformismo emerge para facilitar el ejercicio de un poder totalitario, en el cual se renuncia a la conciencia y la voluntad en pro de una sumisión que garantice el éxito individual.  Chile fue el primer laboratorio y desde luego no podemos decir que haya fracasado el experimento.

La entrega del poder formal por parte de los militares y el triunfo de la Concertación fueron la prueba de fuego de este proyecto.  La Concertación administró el proyecto, y llevó a cabo las últimas reformas que Pinochet no había realizado.  Por eso digo, volviendo a la primera respuesta, que se acabó la transición.  El reproche al modelo impuesto por Pinochet y la derecha tenia su razón en haber tenido su origen en un golpe de estado. El regreso de las fuerzas armadas a sus cuarteles abría una interrogante: ¿es posible administrar el proyecto por quienes fueron sus detractores?  Bien, la Concertación demostró su maleabilidad y su falta de ética.  No tuvo problemas en administrarlo.  Sólo tuvo que desprenderse de los valores democráticos que habían sido su bandera de lucha durante la dictadura.  Y debo decir que no tuvieron empacho en hacerlo.

Ver texto completo en: aqui

sexta-feira, 22 de janeiro de 2010

Financiamento público de campanhas eleitorais


[José Yalenti. Pirelli/MASP]

Controle público, sim. Monopólio do Estado, não

Gazeta do Povo, 19/08/2008
| Sérgio Soares Braga

Indo direito ao ponto, podemos afirmar que o melhor modelo para o financiamento de uma campanha eleitoral é aquele que cumpra os seguintes objetivos básicos: (i) seja transparente, permitindo à opinião pública e à sociedade civil uma ampla e eficaz fiscalização sobre as fontes de receita dos candidatos e sobre o destino que é dado ao montante arrecadado, evitando assim desvios de verba e a corrupção política; (ii) seja participativo, ou seja, estimule a participação voluntária dos cidadãos e da sociedade no trabalho de arrecadação e doação de verbas para os candidatos e eventuais representantes, assim como a fiscalização da sociedade sobre as promessas e as ações dos candidatos; (iii) seja barato, de modo a possibilitar a divulgação do maior número possível de informações sobre os candidatos ao menor custo possível para a sociedade.

Ora, analisando as forma como são feitas as campanhas eleitorais no Brasil, verificamos que nenhum dos três objetivos acima enunciados é cumprido pelo atual sistema de financiamento de campanha vigente no Brasil. Em primeiro lugar, porque o sistema em vigor é caro: estudos comparados confirmam a impressão generalizada de que as campanhas eleitorais brasileiras estão entre as mais caras do mundo. Em segundo lugar, porque o sistema em vigor é pouco transparente: basta ver os freqüentes escândalos do noticiário político, a maior parte deles envolvendo acusações de desvio de verba para campanhas eleitorais e/ou compra de votos. Em terceiro lugar, porque o sistema em vigor não estimula a participação da sociedade civil e dos setores politicamente organizados na arrecadação de contribuições pelos candidatos, os quais são financiados predominantemente por grandes empresas (bancos e empreiteiras, a maior parte delas beneficiárias de obras e informações públicas), quando não através do desvio de verbas públicas ou do uso direto e ostensivo da máquina estatal para beneficiar determinados candidatos.

Como o Brasil ainda não parece ter se livrado do péssimo hábito de estatizar e monopolizar tudo aquilo que não funciona muito bem, reativa-se no presente momento a proposta de instaurar um monopólio estatal sobre o financiamento de campanhas eleitorais, ou seja, o chamado “financiamento público exclusivo” das campanhas eleitorais. “Financiamento público” entre aspas porque pela proposta sugerida pelo governo, cada cidadão iria contribuir com a módica quantia de R$ 7,00 para financiar as campanhas de nossos políticos, transferindo à burocracia eleitoral a prerrogativa de gerir esse fundo, sem a correlata prestação de contas à sociedade de seus gastos e de seus atos. Ou seja: correríamos o risco de ter uma nova CPMF ou uma nova Cide, impostos que são desviados de suas finalidades originais devido à gestão intransparente das verbas públicas como é comum no Estado brasileiro.

Mais importante do que o monopólio do estado sobre o financiamento das campanhas eleitorais é estabelecer mecanismos de controle eficazes da sociedade civil sobre os gastos dos candidatos. Nesse sentido, a internet, a imprensa, os tribunais eleitorais, assim como a sociedade civil organizada, possuem um papel fundamental nesse processo. Esses atores devem exigir e pressionar os candidatos para que prestem contas da arrecadação e do destino de suas verbas eleitorais, e fiscalizar cotidianamente o uso que é feito dessas verbas.

Por fim, se eu pudesse encerrar este artigo com um conselho ao eleitor, eu aconselharia o seguinte: verifique se seu candidato tem um website pessoal. Se não tiver um, desconfie. Verifique se ele usa o website para prestar contas de suas despesas eleitorais. Se não usá-lo para isso, desconfie. Verifique, por fim, se ele usa sua campanha eleitoral e a internet para divulgar de forma clara e objetiva quais são suas propostas para melhorar a sociedade, bem como as ações que empreendeu até agora com este objetivo. Se não fizer isso, talvez seja melhor mudar de candidato.

Sérgio Soares Braga é professor de Ciências Sociais da UFPR.

terça-feira, 5 de janeiro de 2010

A didática de "Lula, o filho do Brasil"


[Juazeiro, 1970-1979.
Alcir Lacerda.
Pirelli/MASP]

José Szwako*

"Você sabe quem é esse homem, mas não conhece a sua história". A julgar pelo seu slogan, "Lula, o filho do Brasil" cumpre de forma bastante satisfatória sua função. O filme retrata a biografia de um nordestino cujo destino é bem conhecido entre nós. A especificidade da sua história de vida, no entanto, é infinitamente mais interessante que o retrato cinematográfico. À exceção do argumento em torno de Lula, o filme se vale de alguns clichês do último cinema brasileiro. À abertura, um belo e estilizado nordeste, com a gota de suor coreografada na testa do retirante, com os tons pastel em degrade que desfilam na paisagem acre, e com direito, ainda, a um carismático cachorro, fofo. Não chega a ser um defeito, mesmo porque rende esteticamente, mas, desde a safra pós-"Central do Brasil", essa fórmula se repete à exaustão na grande tela nacional.

Ok, retratar a biografia de um presidente nao é pouca coisa e nada ajuda muito para esse empreendimento. Lula, como dizem, é "o cara". Nao é qualquer presidente, é uma figura verdadeiramente carismática com sabido nível de aprovação em pleno fim do segundo mandato. De frente para esse monstro ideológico, do qual esse filme parece ser mais produto e menos reprodutor, é quase impossível não se deixar levar pela teo-teleologia: não importa se se trata de  uma criança inconformada ou de um torneiro quase despolitizado, o futuro (ou seja, a ideologia de hoje) fornece de saída os limites da interpretação: "ah, ele já era assim, ...ele foi sempre assim, ...isso tudo estava nele!". "Teima", dizia Dona Lindu. "Ele teimou", nos diz o filme. A ordem cronológica da exposição fílmica quer apontar para este futuro - o nascimento, a viagem pro sul, a escolarização primária e técnica, o primeiro emprego e os dramas no sindicato, tudo vai (nos) levando magicamente ao seu Destino.

O que mais impressiona na exposição dessa linha de vida é o seu carater didático. Tudo muito claro, tudo no seu lugar, sem metáforas nem brechas, tudo limpidamente ocupado. Assentado numa estetica kitsch do tipo "A grande família", o filme é um retrato hiperreal da história de Lula. Está tudo lá, exposto na tela: personagens são claramente apresentados, psicologias sem ambiguidade, diálogos cotidianos e inverossímeis, os jovens Lula e Marisa feitos um-para-o-outro, e um figurino que se denuncia no padrão globo de qualidadede. A música na hora certa, na imagem certa, para a lágrima certa. Enfim, um filme didático demais. Na verdade, é um filme adequado ao Brasil pós-autoritário (FHC + Lula), adequado àqueles milhões de cidadãos que, antes enclausurados na indústria cultural lado B, passaram a compor uma nova multidão de consumidores... de frango, de iogurte, de celular, de carro e também de filmes. Ora, isso nao é pouca coisa e a necessidade de objetos culturais adequados à educação sentimental dessa nova massa de consumidores não precisa ser entendida como meramente ideológica ou eleitoral; a necessidade de tais objetos e a natureza didática deles respondem, antes, às mudanças na capacidade de consumo desse e de outros bens por parte de frações significativas da população brasileira. Agora, se essas frações vão votar no candidato de Lula ou se chamam o consumo de celulares de "cidadania", isso já são outros quinhentos...




"Lula, o filho do Brasil"
Brasil, 2009. Cor. 128 min
Direção: Fábio Barreto

*José Szwako é doutorando em Ciências Sociais na Unicamp.

quinta-feira, 17 de dezembro de 2009

Participação feminina no Congresso: Brasil vs. Argentina

[Aeroporto, 1951. German Lorca.
Pirelli/MASP]


4o. Boletim sobre a participação feminina no Congresso - NECON/IUPERJ

Claudia Teixeira dos Santos
Joana Emmerick Seabra

"[...] De acordo com os dados da IPU, atualizados em setembro de 2009, a média de mulheres nos congressos do mundo era de apenas 18,5%, sendo essa média uma combinação de ambas as casas. Nas câmaras baixa (ou única em alguns casos), essa porcentagem é de 18,7%, enquanto na câmara alta é de 17.5%. A Argentina está entre os 10 primeiros países com mais representatividade de mulheres no Congresso, o país ocupa o sexto lugar (segundo dados de setembro de 2009), com 41,6% de mulheres em sua Câmara dos Deputados e 37.5% no Senado (dados correspondentes a eleição de junho de 2009).

Os países vizinhos na América do Sul não apresentam bons resultados. E, mesmo não alcançando o percentual mínimo proposto na reunião da ONU, tanto Peru, quanto Bolívia, Chile, Paraguai e Uruguai estão a frente do Brasil quanto ao percentual de representação feminina em seus respectivos Congressos (olhar tabela I). O Brasil, por sua vez, ocupa a 107ª posição com apenas 9% de mulheres na Câmara dos Deputados e 12.3% no Senado.
[...]
A Argentina foi o primeiro país do mundo a adotar uma cota mínima para candidatura de mulheres por meio de uma reforma da Legislação Eleitoral, com a “Ley de Cupo Femenina – 24.012”, em 1991. Esta lei acorda que todos os partidos políticos são obrigados a incorporar um mínimo de 30% de mulheres em suas listas eleitorais para os cargos eletivos e com possibilidade de serem eleitas. Essa lei foi, a princípio, apenas para o cargo de deputado federal, já que a eleição para senadores era feita de maneira indireta; apenas em 2001, quando esta eleição passou a ser direta, a Lei de Cota Feminina também foi aplicada para a eleição de senadores.

No Brasil, a Lei de Cotas estabelecia uma cota mínima de 20% apenas para as eleições municipais já no ano de 1995. Foi apenas em 1997 que se estabeleceu uma cota de gênero para todos os cargos eletivos de forma proporcional (Câmara Federal dos Deputados, Câmara Legislativa do Distrito Federal, Assembléias Legislativas Estaduais e as Câmaras Municipais). Essa lei (Lei 9.504, Art.10, inciso 3) obriga que cada partido político ou coalizão reserve um mínimo de 30% e um máximo de 70% para a candidatura de cada sexo.

Como foi possível observar, em ambos os países os resultados obtidos mediante a adoção de algum tipo de cota diferem altamente quanto à sua eficácia. As diferenças apontam para o fato de que a cota é uma questão muito complexa, e seus resultados não se estabelecem automaticamente após a sua adoção. Estudos vêm mostrando que os sistemas de representação proporcional são mais favoráveis as cotas que os mistos e os majoritários (Barreiro et al., 2004; Matland, 2004). O tipo de lista também seria um fator importante, quando as cotas são aplicadas em listas fechadas é provável que seja mais bem sucedida que em eleições em listas abertas. Isto porque nas listas fechadas, que é o caso da Argentina, o eleitor vota na lista completa e pré-ordenada5 do partido (de acordo com a prioridade de eleição) e não há possibilidade de mudança. Enquanto nas listas abertas, que é o caso do Brasil, o eleitor escolhe um candidato de acordo com a sua preferência, baseada em listas sem ordenamento hierárquico apresentadas pelos partidos. Nesse sentido, podemos apontar que a percepção sobre a eficácia das cotas depende de diversos fatores, tais como o sistema eleitoral, a redação das normas, o tamanho do distrito, a pressão de atores ou grupos internos, a organização interna dos partidos, mas também dos próprios níveis de análise utilizados. [...]"

Para ler o boletim completo, clique aqui.

segunda-feira, 30 de novembro de 2009

II Workshop do Nusp


[m. rothko]

O evento acontecerá nos dias 1, 2 e 3 de dezembro de 2009 na Universidade Federal do Paraná (Campus Reitoria, edifício D. Pedro I – Curitiba, PR). Os anais do evento serão publicados em versão on line no site www.nusp.ufpr.br e serão emitidos certificados para os participantes e ouvintes.

A grade com a programação pode ser baixada aqui ou acessada no www.nusp.ufpr.br

domingo, 8 de novembro de 2009

Por que o sistema eleitoral uninominal é péssimo para a democracia

[Oklahoma Politics, 1950.
Joe Scherschel. Life]


Guilherme Simões Reis
, para o blog

O termo “sistema majoritário” pode se referir a dois tipos de sistemas eleitorais baseados em distintas regras da maioria, chamadas pela literatura internacional de ciência política, em inglês, de plurality e de majority. A primeira se refere à vitória daquele mais votado do que cada um dos concorrentes, enquanto que a segunda se refere à maioria com mais de 50% dos votos, podendo-se necessitar de um segundo turno para que tal percentual seja alcançado.

Ambos são sistemas uninominais (single-member districts), isto é, de magnitude igual a 1, em que o país é dividido em vários distritos nos quais apenas o candidato mais votado de cada é eleito para o parlamento. Por isso eles são popularmente chamados de “sistemas distritais”. O sistema eleitoral uninominal baseado na plurality utilizado na votação para parlamentos, o first-past-the-post, é particularmente difundido nos países de tradição britânica, inclusive nos Estados Unidos. Nele, um candidato pode ser eleito com muito menos do que a metade dos votos do seu distrito. Apenas a França e o Mali utilizam o sistema de dois turnos para as eleições legislativas nacionais, elegendo assim apenas candidatos com mais da metade dos votos (regra da “majority”).

O objetivo dos sistemas majoritários é dar a vitória, em cada distrito, àquele que representar um dos dois tipos de maioria. É bem diferente, portanto, dos sistemas proporcionais, que visam à representação das diferentes correntes de opinião da sociedade. Estes podem ser de dois tipos principais: os de lista e o de voto único transferível (single transferable vote – STV). O STV, por meio de um complexo mecanismo, permite que os eleitores ordenem vários candidatos de acordo com sua preferência, elegendo aqueles que não apenas sejam os preferidos como tenham menor rejeição. Já os sistemas de lista – que pode ser fechada, aberta ou flexível – distribuem as cadeiras pelos partidos de acordo com a proporção dos votos que eles receberam.

O sistema uninominal não foi obra de nenhuma engenharia institucional. Ele surgiu espontaneamente na Inglaterra, na Idade Média, e se tornou norma no final do século XIX. Ele se apresentava, então, como um progresso em comparação com a não-escolha dos representantes. Entretanto, a sua utilização hoje, após a criação de sistemas de representação proporcional, é um anacronismo eleitoral. O arcaico first-past-the-post viola tanto o princípio da igualdade como o da maioria. O sistema de dois turnos atende ao princípio da maioria, sendo, por isso, justificável ao menos sob algum aspecto, mas tem resultados ainda mais desproporcionais do que o de turno único quando utilizado para eleições legislativas.

Apesar disso, o sistema uninominal é exaltado, ao som do mantra da governabilidade, pela facilidade de construir maiorias, por tender a reduzir o número de partidos parlamentares e por ampliar a possibilidade de uma única organização partidária poder formar sozinha um governo majoritário, o que facilita a aprovação dos projetos do Executivo. O problema é que isso se dá às custas de o resultado não corresponder à vontade do eleitorado nacional e de excluir minorias, ao se reduzirem as opções dos eleitores forçando-os a votarem estrategicamente. Desse modo, a democracia é restringida tanto por fatores mecânicos como psicológicos.

Nos sistemas uninominais, os partidos com votação concentrada em certos distritos levam vantagem, podendo ser sobrerrepresentados em relação ao seu percentual nacional de votação, enquanto ocorre justamente o oposto com aqueles com votação mais difusa (que em geral é o caso de partidos pequenos ideológicos). Em outro texto, mostrei como a situação seria diferente no Reino Unido se lá se utilizasse um sistema proporcional (www.iuperj.br/publicacoes/forum/greis.pdf). A crítica, obviamente, não é nova: em Considerações sobre o governo representativo, John Stuart Mill, defensor da proporcionalidade, condenou o sistema majoritário uninominal, por ele configurar não só um governo da maioria, e não de todos, como um governo da maioria que pode ser uma minoria. De fato, o sistema uninominal possibilita até mesmo que um partido com menos votos, porém mais concentrados, eleja mais deputados do que outra legenda com mais eleitores; essa aberração já beneficiou uma vez o conservador Winston Churchill e, outra, o trabalhista Harold Wilson, que formaram governos contrários à decisão da maioria do eleitorado.

Os defensores dos sistemas uninominais, no entanto, não são ingênuos quanto à sua desproporcionalidade, mas lançam mão de outros argumentos, que julgam mais importantes. Afirmam freqüentemente que eles permitem maior “identificabilidade” – isto é, que o eleitor tenha maior capacidade de identificar quais são as possibilidades de formação de governo – e maior accountability – ou seja, facilitariam a identificação dos responsáveis pelas políticas, possibilitando que o eleitor os punisse ou recompensasse na eleição seguinte.

É óbvio que, como tende a gerar governos majoritários de partido único, tal sistema facilita tanto a “identificabilidade” como a accountability. A questão é que isso não é uma vantagem, pois só ocorre em função do desrespeito à vontade da maioria do eleitorado, ou, em outras palavras, em função de uma falta de democracia. De nada adianta identificar as opções e querer punir uma candidatura, se a vontade de uma determinada minoria é suficiente para definir sozinha o resultado a eleição.

Vale acrescentar que os sistemas mais proporcionais só têm um problema de “identificabilidade” no parlamentarismo. No presidencialismo, em que Executivo e Legislativo são eleitos separadamente, isso não ocorre, como é o caso do Brasil, onde a disputa claramente se concentra entre a opção liderada pelo PT e a comandada pela aliança do PSDB com o DEM. O problema, portanto, não é do sistema eleitoral e sim do sistema de governo parlamentarista. Shugart e Carey estavam atentos a isso em Presidents and Assemblies.

A accountability, por sua vez, pode ser compreendida não só no nível do governo, mas também no nível do parlamentar individual (que, no caso, seria o nível distrital). No entanto, tal accountability só poderia ocorrer, no máximo, na disputa por verbas para as localidades, a chamada pork-barrel, e não na condução de um projeto nacional coerente para o país. Além desse viés paroquialista, o sistema uninominal também favorece a política clientelista, pois, ao delimitar distritos pequenos, reduz os custos para se conseguir comprar votos de forma eficiente (ou, em outras palavras, para que os votos comprados sejam suficientes para garantir sua eleição).

Além disso, o sistema uninominal de plurality é altamente personalista. Um candidato com força eleitoral local tem – mantidas constantes as demais variáveis – muito mais liberdade do que em um sistema proporcional de lista para trocar de partido sempre que outra legenda lhe oferecer mais vantagens. Não há no first-past-the-post qualquer restrição para o cultivo do voto pessoal, pois as chances de um candidato ser eleito não são aumentadas ou diminuídas conforme se expande ou se reduz a votação do partido somados os outros candidatos a ele filiados (o que ocorre em todos os sistemas proporcionais de lista, inclusive no de lista aberta). É por isso que partidos com votações nacionais expressivas ficam de fora da Câmara dos Comuns britânica enquanto candidaturas independentes asseguram suas cadeiras com menos de 50% dos votos de seu distrito. Nas eleições gerais britânicas de 2005, por exemplo, o candidato independente Dr. Richard Taylor foi eleito para a Câmara dos Comuns com 18.739 votos, menos de 36% da votação do distrito de Wyre Forest, enquanto que quase 606 mil votos do Partido da Independência do Reino Unido (UKIP) foram insuficientes para ajudar a eleger qualquer dos seus 496 candidatos.

Os sistemas “distritais”, portanto, acumulam tantos defeitos que sua defesa só pode ser encarada como uma esdrúxula idiossincrasia: desproporcionalidade, possível derrota do mais votado, alijamento de minorias, personalismo apartidário, paroquialismo e esvaziamento de programas nacionais, e facilidade para o clientelismo. Se britânicos e estadunidenses querem preservar essa tradição arcaica, resta-nos esperar que isso não motive os brasileiros a ir na contramão da evolução democrática.

Guilherme Simões Reis é doutorando em ciência política no IUPERJ, bolsista CNPq.